El Perú de Fujimori: la democracia en jaque

Por: Alejandro Enrique Rodríguez Becerra 

El 22 de noviembre del año 2000, Valentín Paniagua ocuparía la presidencia de Perú (cargo que asume tras la renuncia de Alberto Fujimori, 1990 - 2000), en su discurso de toma de posesión expresaría lo siguiente: «nace hoy un nuevo tiempo. Se cierra una etapa y se abre otra en la historia del Perú», aquellas palabras resumían su propia alocución del 16 de noviembre, momento en el cual fue designado Presidente del Congreso Nacional en sustitución de la fujimorista Martha Hildebrandt. Paniagua señala que debía enfrentar las secuelas de una ascendente corrupción emergida tras la ruptura del orden constitucional del 5 de abril de 1992, cuando fue suprimida la división y el equilibrio de los Poderes Públicos.

Alberto Fujimori fue electo por votación universal, directa y secreta en 1990. Dos años después, justifica su decisión de disolver el Poder Legislativo e intervenir el Consejo Nacional de la Magistratura, la Contraloría General y el Tribunal de Garantías Constitucionales, en la existencia de instituciones inoperantes, corruptas, obstruccionistas y en evidente conjura para impedir el éxito de su gestión. Por ende, su Autogolpe de Estado es una acción salvadora de la nación, que busca liberarla de la influencia de sus enemigos, por lo que se hacía necesario instaurar un Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, que, si bien operaría bajo la suspensión temporal y parcial de la legalidad, no sería la negación de la democracia, sino el punto inicial de la búsqueda de una auténtica transformación que asegurara su legitimidad y efectividad.

El imaginario colectivo dominante que certifica a través de diversos eventos electorales como el llevado a cabo en 1995, donde Fujimori obtuvo la victoria sin necesidad de un balotaje y con una mayoría legislativa absoluta de 120 diputados, más la anuencia de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, representaba un indicativo del éxito alcanzado en la manipulación de una realidad que exhibía un sentimiento de rechazo popular hacia el sistema democrático, el cual comenzaba a exteriorizarse durante las elecciones generales de 1990, donde se presentaban como principales candidatos dos personalidades que se identificaban por ser outsiders políticos, Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa, quien pierde la contienda como resultado de su alianza con agrupaciones políticas tradicionales.

Semejante apreciación popular fue socavando la legitimidad del sistema democrático como una representación social válida, hasta el punto de llegar a considerarla un significante vacío del que debían prescindir para edificar una nueva administración capaz de llevar a cabo las reformas que solventarían los problemas del país. De manera que, se asume aquella animadversión hacia la democracia no solo en las expresiones de apoyo por parte de la ciudadanía, sino también al respaldo que le daban a la forma como venía eliminando Alberto Fujimori la división y el equilibrio de los poderes públicos, actitud que no irrumpe con los sucesos de 1992, sino que ya era una peculiaridad de su gestión, observable en la manera como se llevó a cabo la reforma laboral de 1991, donde se utilizó como herramienta de cambio los decretos de urgencia, legislación que era un precepto constitucional limitado a los aspectos económicos.

En síntesis, si bien la democracia en el Perú sufrirá una deformación como consecuencia de la ruptura del orden constitucional del 5 de abril de 1992, esto no se produjo sólo por la victoria operativa de un Autogolpe de Estado, sino también por el éxito alcanzado en su legitimación a través del apoyo ciudadano. De esta manera, existió el clima perfecto para el surgimiento de aquello tipificado por Guillermo O'Donnell como Democracia Delegativa, donde la participación popular se limitaba a ser el brazo ejecutor de las políticas del gobierno y a ratificarlas de forma plebiscitaria, lo que consintió la aparición de un régimen autoritario que degeneró en uno totalitario tras perder su legitimidad con el fraude electoral de abril del año 2000.

En la actualidad se cierne sobre gran parte del contiene la reaparición de administraciones delegativas, las cuales han extendido su continuidad a través de modificaciones constitucionales mayormente aprobadas por referéndums consultivos o intentos de farsas electorales.